MEDIDAS PARA PALIAR IMPACTO ECONÓMICO DERIVADO DEL COVID-19

MEDIDAS IMPACTO ECONÓMICO CORONAVIRUS 4X3.jpg

En este artículo resumiremos las medidas más significativas contenidas en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado el pasado 18-marzo-2020.

Medidas dirigidas a los trabajadores

  • Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o la reducción de la misma cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Se entenderá la concurrencia de dichas circunstancias cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas que necesite cuidado personal y directo como consecuencia del COVID-19 o de decisiones gubernativas que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza.
  • A los trabajadores afectados por un ERTE (procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en el COVID-19) se les reconocerá el derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del período de cotización mínimo necesario para ello. Además, no se computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata en las citadas circunstancias extraordinarias a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Medidas dirigidas a las empresas y autónomos

  • Las empresas deben establecer sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, si ello es técnica y razonablemente posible. Estas medidas alternativas, especialmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.
  • Se establecen medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (ERTES), que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o de las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien debidas al contagio de la plantilla o a la adopción medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.
  • En los ERTES autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, se exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial cuando tuviera menos de 50 trabajadores. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.
  • Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito a empresas y autónomos para atender a sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. 
  • Con carácter excepcional durante un mes a partir de la entrada en vigor del estado de alarma o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, los trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyas actividades queden suspendidas o cuando su facturación en el mes anterior al que solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Otras medidas

  • Durante el mes siguiente a la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión social.
  • Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes sufren extraordinarias dificultades para atender a su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19.
  • Mientras esté en vigor el estado de alarma, no se realizarán por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de la numeración.
  • Durante la vigencia del estado de alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad.
  • Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública que conlleven la limitación de la movilidad de los ciudadanos o que atañan al funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación afecte a la gestión de la protección por desempleo, la presentación de la solicitud de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.
  • Los plazos y pagos de la deuda tributaria en periodo voluntario; los vencimientos de los aplazamientos y fraccionamientos de pago de tributos; los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y formulación de alegaciones se ampliará hasta el 30 de abril de 2020.
  • Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.
  • Queda prorrogada por un año, hasta el 13 de marzo de 2021, la validez del documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma.    

Si buscas asesoría fiscal o laboral como empresa o particular en este tema, puedes solicitar una consulta personalizada en Juristas Europeos BF&A, despacho de abogados en Pozuelo de Alarcón y resolveremos todas tus dudas.

Comparte:
Ver todas